La Fiscalía General determinó que la responsabilidad por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 14 personas fallecidas, recae únicamente en el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, descartando cualquier implicación legal de la empresa gubernamental encargada de la operación.

De acuerdo con el dictamen encabezado por la fiscal Ernestina Godoy, la investigación concluyó que la tragedia fue causada por un error humano, señalando principalmente el exceso de velocidad en la cabina. Con ello, se cerró el caso y se canceló cualquier posibilidad de juicio contra la empresa operadora vinculada a la Secretaría de Marina, así como contra sus socios.

Sin embargo, el reporte ha generado cuestionamientos, ya que el maquinista no contaba con licencia vigente desde el año 2020. A pesar de ello, las autoridades centraron la responsabilidad en los operadores, sin profundizar en los procesos de contratación o supervisión por parte del gobierno.

Información revelada por registros oficiales indica que tanto el maquinista como el conductor manejaban vagones con varias décadas de antigüedad y con permisos vencidos. Aun así, la empresa permitió que continuaran en funciones bajo estas condiciones.

El peritaje oficial también defendió la calidad de la infraestructura ferroviaria, asegurando que los materiales utilizados cumplían con las normas, pese a señalamientos previos sobre posibles deficiencias en la construcción y mantenimiento de las vías.

Otro de los puntos clave para evitar un proceso judicial fue la firma de 145 acuerdos económicos entre la autoridad y las víctimas, así como sus familiares. Según datos oficiales, estas indemnizaciones permitieron cerrar el caso por la vía extrajudicial, eliminando cualquier responsabilidad legal para la institución.

Aunque la Fiscalía sostiene que todo se debió a una falla humana, el caso deja abiertas interrogantes sobre la supervisión del servicio, el uso de trenes antiguos y la operación por personal sin licencias vigentes, así como el costo real que asumió el Estado para evitar que el caso llegara a los tribunales.