Con el propósito de fortalecer la protección del patrimonio de las familias de Aguascalientes y brindar mayor certeza jurídica a quienes resguardan sus viviendas y propiedades, el diputado Adán Valdivia López impulsó ante el Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado una reforma a la fracción X del artículo 83 y al artículo 137 del Código Penal, mediante la cual se amplían los alcances del delito de allanamiento. La propuesta fue aprobada durante la Octava Sesión Ordinaria.

Durante su intervención en tribuna, el legislador destacó que la seguridad no solo debe garantizarse en las calles y los espacios públicos, sino también en aquellos lugares donde las personas desarrollan su vida cotidiana, realizan sus actividades productivas y resguardan el patrimonio que han construido con años de esfuerzo, dejando claro que en Aguascalientes la propiedad privada se respeta.

En este sentido, hizo especial énfasis en las familias del campo, productores y propietarios de ranchos, al señalar que estos espacios representan mucho más que una propiedad, pues constituyen el sustento de muchas familias y un patrimonio que, en numerosas ocasiones, se construye y preserva de generación en generación.

Adán Valdivia explicó que uno de los principales alcances de la reforma es modificar la denominación del delito, que deja de ser allanamiento de morada para establecerse como allanamiento. Con ello, se reconoce que los ingresos sin autorización no ocurren únicamente en las viviendas, sino también en terrenos, predios, oficinas y establecimientos que requieren protección legal.

La reforma contempla cuatro categorías de espacios protegidos: casas-habitación y sus dependencias; predios urbanos; predios rústicos; así como establecimientos, oficinas, locales e instalaciones de acceso público cuando se encuentren cerrados al público, además de aquellos de carácter privado cuando estén cerrados o tengan restringido el acceso.

Asimismo, establece condiciones para acreditar la restricción de acceso en predios urbanos y rústicos, los cuales deberán encontrarse cercados, bardados, enmallados o delimitados mediante algún elemento físico visible.

El legislador destacó que la modificación también contempla sanciones diferenciadas, de acuerdo con la naturaleza del espacio en el que se cometa el delito. Para los casos de allanamiento en casas-habitación y sus dependencias, se establecen penas de 2 a 7 años de prisión y de 50 a 150 días multa; mientras que para los supuestos relacionados con predios y establecimientos se contemplan penas de 2 a 4 años de prisión y de 50 a 150 días multa. En ambos casos, se incluye el pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

Finalmente, señaló que el objetivo es contar con disposiciones más claras que protejan a las personas frente a ingresos indebidos a espacios cuyo acceso se encuentra restringido, mediante reglas precisas y sanciones proporcionales a cada conducta.

“Que nadie tenga que elegir entre trabajar su tierra y vivir con tranquilidad, que ningún esfuerzo honesto quede a merced de quien no respeta lo ajeno”, expresó Adán Valdivia López al concluir su intervención.