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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de determinadas medidas de supervisión financiera para facilitar las operaciones autorizadas relacionadas con la ayuda humanitaria, la reconstrucción y la recuperación económica de Venezuela tras los terremotos registrados el mes pasado.
La disposición establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no emprenderá acciones de cumplimiento contra bancos e instituciones financieras estadounidenses que procesen servicios autorizados vinculados con Venezuela entre el 27 de julio de 2026 y el 29 de enero de 2027. La medida busca reducir la incertidumbre regulatoria para las entidades financieras que participen en transacciones destinadas a apoyar la respuesta ante la emergencia.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el objetivo es facilitar que bancos y otras instituciones estadounidenses puedan procesar operaciones relacionadas con asistencia humanitaria, reconstrucción de infraestructura, recuperación económica y apoyo a las poblaciones afectadas por los sismos, en un contexto en el que Venezuela continúa sujeta a un amplio régimen de sanciones económicas por parte de Washington.
Las autoridades estadounidenses precisaron que la decisión no representa un levantamiento ni una suspensión de las sanciones impuestas contra Venezuela. Las instituciones financieras deberán mantener sus programas de prevención de lavado de dinero y continuar cumpliendo con las restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Asimismo, el Tesoro advirtió que la protección temporal no ampara infracciones deliberadas o intencionales de la legislación financiera estadounidense, por lo que las entidades seguirán obligadas a verificar que las operaciones se encuentren dentro de las autorizaciones vigentes.
La flexibilización ocurre después de que el Banco Mundial estimara que los daños ocasionados por los terremotos del 24 de junio ascienden a aproximadamente 19 mil 600 millones de dólares. El organismo internacional advirtió que el impacto económico del desastre podría retrasar la recuperación del país durante al menos una década.
Los dos movimientos telúricos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y son considerados entre los más devastadores registrados en la historia reciente de Venezuela, debido a los severos daños en infraestructura, viviendas y servicios públicos.
Estados Unidos comenzó a imponer sanciones selectivas contra funcionarios venezolanos en 2015, durante la administración del entonces presidente Barack Obama. Posteriormente, en 2017, amplió las restricciones económicas contra el gobierno de Nicolás Maduro, las cuales se endurecieron en 2019 con medidas dirigidas a sectores estratégicos de la economía, incluida la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha emitido diversas licencias y excepciones para permitir operaciones específicas por razones humanitarias o de interés económico y energético. La nueva flexibilización se suma a esos mecanismos excepcionales y está enfocada exclusivamente en facilitar las transacciones relacionadas con la atención de la emergencia provocada por los terremotos, sin alterar el marco general de sanciones vigente.