Hoy es Jueves 13 de Agosto 2026
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Una propuesta legislativa en Bolivia que plantea la posibilidad de esterilizar de manera obligatoria a mujeres en situación de calle provocó una fuerte controversia y el rechazo de organismos defensores de derechos humanos, que consideran que la iniciativa atenta contra la autonomía, la dignidad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
El proyecto fue presentado por el diputado suplente Néstor Rodríguez, de la alianza opositora Unidad, quien sostiene que la iniciativa busca favorecer la reinserción social de personas en situación de calle y atender particularmente los casos de mujeres con problemas de consumo de drogas o sustancias inhalantes que viven con sus hijos en condiciones de extrema vulnerabilidad.
De acuerdo con la propuesta, los procedimientos de anticoncepción definitiva deberían realizarse inicialmente con el consentimiento libre, previo e informado de la persona. Sin embargo, el texto contempla que, una vez agotadas determinadas instancias, la esterilización pueda convertirse en obligatoria y efectuarse bajo control judicial.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia confirmó que el proyecto generó preocupación y expresó públicamente su rechazo. El organismo recordó que una esterilización realizada sin consentimiento libre e informado constituye una grave vulneración de derechos humanos.
Rodríguez ha defendido la propuesta al señalar que surgió después de observar las condiciones en las que viven mujeres y niños en situación de calle, particularmente aquellos expuestos al consumo de sustancias inhalantes.
Según el legislador, antes de cualquier procedimiento se realizarían evaluaciones médicas y psicológicas para conocer la situación de cada persona. La iniciativa también contempla acciones encaminadas a la reinserción social, laboral y educativa.
El diputado argumentó que uno de los objetivos es evitar que niñas y niños nacidos en estas condiciones queden expuestos a situaciones de explotación, incluida la trata de personas.
No obstante, Rodríguez dejó abierta la posibilidad de modificar el apartado que establece la esterilización obligatoria después de recibir críticas a la propuesta. También manifestó su disposición a debatir el proyecto con organizaciones sociales y autoridades defensoras de derechos humanos.
La iniciativa debe ser analizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde podría ser modificada durante su discusión en comisión antes de avanzar en el proceso legislativo.
La Defensoría del Pueblo de Bolivia y organizaciones de la sociedad civil expresaron su "más profundo rechazo y preocupación" por la propuesta.
El organismo señaló que una esterilización forzada vulneraría derechos relacionados con la dignidad, la integridad personal, la libertad, la vida privada y familiar, la igualdad, la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Además, recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos como I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú establece que las decisiones relacionadas con el cuerpo y la salud reproductiva corresponden a cada mujer y deben adoptarse sin coerción.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, calificó la propuesta como un grave retroceso en materia de derechos humanos y sostuvo que la respuesta del Estado frente a la pobreza y la situación de calle debe centrarse en garantizar protección, inclusión y condiciones para una vida digna, y no en limitar los derechos reproductivos.
Las críticas también surgieron desde organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos. La activista Patricia Flores consideró que la propuesta es discriminatoria y atentatoria contra la dignidad humana, al dirigir una medida irreversible hacia mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Flores calificó la iniciativa como "racista, clasista, machista y misógina" y sostuvo que el Estado debería destinar recursos a prevenir que las personas lleguen a situaciones de calle, así como garantizar acceso a salud, vivienda, educación y programas de rehabilitación.
Organizaciones de la sociedad civil también han advertido que una política de este tipo podría reproducir prácticas de carácter eugenésico al seleccionar a un sector social específico para limitar de manera permanente su capacidad reproductiva.
Más allá de la polémica legislativa, la discusión ha colocado nuevamente en el centro la necesidad de establecer políticas públicas integrales para las personas que viven en situación de calle y enfrentan problemas de adicciones, pobreza, violencia o falta de redes familiares.
La Defensoría del Pueblo ha exhortado al Estado boliviano a priorizar programas de prevención, atención, rehabilitación y protección integral, especialmente para mujeres, niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. También ha señalado la necesidad de fortalecer los sistemas de salud, vivienda, educación y protección social.
Por ahora, el proyecto permanece sujeto al proceso legislativo y al debate político y social que ha generado. La controversia ha dejado clara la división entre quienes consideran que la medida podría formar parte de una estrategia de reinserción social y quienes advierten que ninguna política destinada a combatir la pobreza o las adicciones puede justificar la imposición de una intervención irreversible sobre el cuerpo de una persona.